ACOM ha recurrido ante el Consejo de Transparencia la negativa del Ministerio de Justicia a facilitar información sobre los controles aplicados en expedientes de nacionalidad cuando existen alertas relacionadas con terrorismo, financiación irregular o seguridad nacional.

ACOM ha presentado una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno después de que el Ministerio de Justicia se negara a facilitar información sobre la nacionalidad española de Saif Abu Keshek / Saif Abukeshek y sobre los controles administrativos realizados antes y después de su concesión o reconocimiento.

Según distintas informaciones públicas, Saif Abu Keshek ha sido identificado como ciudadano español de origen palestino y ha sido relacionado por autoridades extranjeras y medios internacionales con hechos de extrema gravedad, entre ellos presuntos vínculos con estructuras vinculadas a Hamás, financiación irregular y actividades que suponen un riesgo directo para la seguridad pública y nacional.

ACOM no afirma que exista una condena ni prejuzga la responsabilidad penal de esta persona. Precisamente por eso, reclama con firmeza que el Gobierno de España explique si realizó los controles adecuados antes de reconocer o conceder la nacionalidad española y si ha llevado a cabo alguna comprobación tras conocerse esas informaciones tan graves.

La solicitud presentada por ACOM no pedía datos íntimos ni informes secretos, ni accedía al expediente completo de nacionalidad. Se solicitó únicamente información administrativa básica, que podía facilitarse de forma parcial, anonimizada o categórica (“sí”, “no” o “no consta”).

En concreto, ACOM solicitó al Ministerio de Justicia que informara sobre:

• Si consta la concesión o adquisición de nacionalidad española a favor de Saif Abu Keshek / Abukeshek.
• Qué tipo de nacionalidad se le reconoció o concedió y en qué fecha.
• Si antes de esa concesión se pidieron informes al Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, CNI u otros organismos de seguridad.
• Si esos informes fueron favorables, desfavorables o si no constan.
• Si, tras publicarse informaciones sobre presuntos vínculos con organizaciones terroristas o actividades de financiación irregular, el Gobierno abrió alguna comprobación interna.
• Si se ha valorado la posible existencia de ocultación, falsedad o fraude en la adquisición de la nacionalidad.
• Si existen protocolos para revisar casos de nacionalidad cuando aparecen informaciones graves relacionadas con terrorismo, seguridad nacional o financiación ilícita.

El Ministerio de Justicia rechazó facilitar la información. ACOM considera que esta negativa es injustificada, opaca y contraria al principio de transparencia.

Para ACOM, el Gobierno no puede escudarse en que la información pertenece al Registro Civil ni limitarse a alegar un supuesto “trabajo de revisión interna” para negarse a contestar en bloque. Si hay datos protegidos, deben protegerse, pero eso no justifica ocultar información general, estadística, parcial o anonimizada.

Esta cuestión no afecta solo a un caso concreto: afecta a la credibilidad misma del sistema de concesión de nacionalidad española. Es fundamental saber si España cuenta con controles eficaces cuando concede o reconoce la nacionalidad en casos con alertas internacionales por terrorismo, financiación del terrorismo, blanqueo de capitales o riesgos para la seguridad nacional.

ACOM considera especialmente grave y preocupante que el Gobierno esté dispuesto a reclamar protección diplomática para una persona presentada públicamente como ciudadano español, pero se niegue a explicar qué controles se realizaron para otorgarle esa nacionalidad y qué actuaciones se han llevado a cabo tras conocerse informaciones tan alarmantes.

ACOM no pide vulnerar derechos individuales ni publicar datos reservados. Pide transparencia, responsabilidad y control democrático real. Por ello, ACOM solicita al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que anule la decisión del Ministerio de Justicia y obligue al Gobierno a facilitar la información solicitada, al menos de forma parcial, anonimizada o general.

ACOM seguirá utilizando todos los instrumentos legales disponibles para exigir al Gobierno claridad y rigor en decisiones públicas que afectan a la seguridad de España, a la lucha contra el terrorismo y a la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.