La decisión del American Jewish Committee (AJC) de celebrar un encuentro de líderes judíos de Iberoamérica en Madrid, incluyendo a la Federación de Comunidades Judías de España, solo habría tenido pleno sentido si su propósito hubiera sido denunciar con claridad el creciente antisemitismo que se está arraigando en España. La declaración genérica publicada por el AJC y las demás instituciones participantes podría haber sido razonable en otro lugar, pero hacerlo desde Madrid—sin reconocer la realidad específica y alarmante de España—crea una imagen distorsionada y engañosa. En pocos años, España se ha convertido, según el testimonio de sus ciudadanos judíos y la valoración de observadores democráticos, en uno de los entornos más hostiles de Europa para los judíos. Las expresiones de odio, incitación y violencia se han multiplicado, alimentadas y normalizadas por el propio liderazgo político del país. Durante la transición democrática de España y durante décadas posteriores, el antisemitismo fue marginal. Hoy, sin embargo, el discurso de odio contra el judío colectivo—representado por el Estado de Israel—emana de las instituciones, es amplificado por medios financiados por el Estado, reproducido en el sistema educativo y tolerado, incluso alentado, en las calles. Resulta incomprensible que el AJC, en lugar de exponer esta realidad, haya optado por presentar una versión edulcorada de los hechos, sentándose junto a los responsables: el gobierno de Pedro Sánchez. Reconocer a este gobierno por su llamado “Plan Nacional contra el Antisemitismo” o por haber adoptado la definición de la IHRA es profundamente equivocado. El “Plan Nacional” no fue una iniciativa española, sino una imposición de la Unión Europea. Lejos de ser una política genuina, ha servido como herramienta cosmética para aparentar virtud mientras se promueven acciones que avivan el antisemitismo. El plan ni siquiera menciona a Israel ni reconoce la forma moderna de antisemitismo disfrazada de antisionismo. El gobierno de Sánchez lo utiliza como fachada, mientras impulsa una política exterior y un discurso público abiertamente hostiles hacia Israel y, en consecuencia, hacia los judíos. Asimismo, la definición de la IHRA, lejos de ser una salvaguarda efectiva, ha sido vaciada de significado. El mismo gobierno y sus socios de coalición emiten repetidamente declaraciones y adoptan medidas que encajan claramente en los ejemplos de antisemitismo recogidos por dicha definición. En la práctica, el gobierno financia y colabora con grupos abiertamente antisemitas. Cuando la Asamblea de Madrid solicitó al Congreso de los Diputados que adoptara plenamente la definición de la IHRA, la mayoría parlamentaria afín al gobierno bloqueó el proceso—pese al amplio apoyo previo. Esta obstrucción impidió que el Parlamento español respaldara la definición de forma vinculante. ¿Cómo, entonces, puede el AJC reconocer a un gobierno que tolera conductas antisemitas y sabotea la adopción del mismo estándar que dice defender? Pongamos las cosas en claro: este gobierno ha apoyado boicots a productos israelíes; ha obstaculizado el tránsito de exportaciones hacia Israel; ha cancelado contratos con empresas israelíes; ha promovido boicots académicos; ha enviado un barco para respaldar una flotilla que intentaba violar el bloqueo naval legal de Gaza; ha reconocido incondicionalmente un inexistente “Estado de Palestina” en medio de una guerra terrorista; ha acusado a Israel y a sus soldados de “genocidio” y “crímenes de guerra”; y cuenta con ministros que celebraron públicamente las atrocidades de Hamás en el mismo momento en que ocurrían. Es también un gobierno cuyo presidente ha especulado sobre la adquisición de armas nucleares “para defender a los palestinos de la agresión israelí” y que busca procesar a los líderes democráticos de Israel ante tribunales internacionales por cargos fabricados de crímenes contra la humanidad. Tales declaraciones y acciones revelan la desorientación moral de esta administración. Sin embargo, en la declaración del AJC, esta realidad se ignora. No se reconoce que el gobierno de Sánchez encabeza el bloque más abiertamente hostil hacia Israel en toda Europa. Ha tolerado e incluso alentado boicots, como los que impidieron la participación israelí en la Vuelta a España y otros eventos internacionales, y ha amenazado con retirar a España de Eurovisión si se permitía participar a Israel. Estos no son actos aislados, sino parte de una política coherente de hostilidad institucional hacia el Estado judío. El antisemitismo en la España actual tiene una fuente clara: política e institucional. Evitar criticar a un gobierno que ha recibido elogios de Hamás, y permitirle utilizar a organizaciones judías internacionales como instrumentos de autolegitimación, se aproxima peligrosamente a una traición hacia los judíos de España—quienes enfrentan a diario las consecuencias de esta incitación institucional. Nosotros, la comunidad pro-Israel de España—que incluye tanto a no judíos como a la mayoría de los judíos del país que apoyan a Israel, que viven aquí, trabajan aquí y crían aquí a sus hijos—no podemos permitir que la verdad sea ocultada o distorsionada. Nuestra decepción con el AJC es profunda, pero nuestro compromiso con la verdad, y con la defensa de los judíos de España frente a quienes los estigmatizan o los instrumentalizan, es aún mayor. ACOM es la organización líder en España en la promoción de la amistad entre nuestro país e Israel, así como en la lucha contra el antisemitismo. Con más de 25 años de trayectoria, ha ganado más de 90 casos judiciales contra diferentes instituciones gubernamentales españolas por actos de discriminación antisemita.     En cumplimiento de lo dispuesto en la Protección de Datos, para el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus datos personales, contenidos en nuestras condiciones de protección de datos, solamente tiene que responder a este e-mail indicando su email en el asunto, o bien puede hacer clic aquí. |