De un tiempo a esta parte, (pongamos diez años, por fijar una cifra redonda), España ha entrado en una fase de deterioro, unas veces silencioso, y otras veces estruendoso y trágico, que afecta a casi la totalidad de los servicios públicos. La percepción social ya no surge únicamente desde posiciones ideológicas enfrentadas; aparece en conversaciones cotidianas, y en la sensación creciente de que cada vez se aporta más mientras se recibe menos. El deterioro general resulta directamente proporcional al aumento de la capacidad extractiva y confiscatoria del Estado sobre los ciudadanos, cuya contribución fiscal alcanza niveles históricos sin equivalente visible en calidad ni eficiencia.

La sanidad pública muestra listas de espera interminables, saturación y profesionales exhaustos. La educación pública evidencia un aumento de burocracia docente y pérdida progresiva de autoridad pedagógica. La justicia acumula retrasos estructurales que se están agudizando con el absurdo “masc” (para un trámite más nunca hay techo). El transporte público sufre incidencias recurrentes, infraestructuras envejecidas y planificación errática, el desastre de Agamuz es el infausto ejemplo ello.    La dependencia avanza con lentitud desesperante para miles de familias. Las fuerzas de seguridad afrontan escasez de medios materiales y una sospechosa dejación de funciones políticas en asuntos como el narcotráfico  la inmigración, la okupación o la DANA de Valencia. Incluso ámbitos tradicionalmente sólidos, como la gestión de la seguridad social, transmiten sensación de complejidad digital y trato cada vez más impersonal. Sobre el acceso a la vivienda, mejor no hablar, la simple comparación matemática con la política de vivienda pública llevada a cabo por el franquismo haría ruborizar a los palmeros de la vigente partitocracia. La verdad es muy tozuda. Incluso Manuela Carmena y Francisca Sauquillo, no precisamente dos jovencitas de derechas, han alabado las políticas de vivienda del anterior régimen que hizo de España “un país de propietarios y  no de proletarios”.

Paralelamente, el sistema fiscal se extiende hasta abarcar casi cualquier acción humana. No hay verbo en infinitivo (trabajar, consumir donar, morir, comprar, vender, e incluso aparcar) que no lleve aparejado un impuesto o tasa. El resultado no consiste únicamente en mayor recaudación, sino también en una sensación psicológica de vigilancia constante.

Este modelo responde a un diseño cuya finalidad principal parece orientada hacia el sostenimiento de una amplia estructura política y administrativa. Surge así una auténtica industria política, probablemente el negocio más rentable existente hoy en España para quienes carecen de alternativa profesional fuera del aparato partidista. Muchos cargos públicos proceden de trayectorias exclusivamente internas, construidas mediante fidelidad orgánica y disciplina jerárquica. La promoción depende menos del mérito técnico que del alineamiento estratégico. Opera aquí una Ley de Hierro de la Oligarquía, que tan finamente teorizó a principios del siglo XX el sociólogo Robert Michels. Lealtad sostenida sin democracia interna. El sistema se retroalimenta mediante nombramientos, asesores y comisiones   cuya utilidad real raramente recibe evaluación independiente.

Mientras tanto, a costa de nuestros riñones, la recaudación fiscal bate récords año tras año. Saña especial en este cometido lo tuvo el dúo Montoro-Montero, uno de cada, para que no se diga.  Las cifras oficiales celebran ingresos históricos, aunque el retorno al contribuyente resulta ínfimo en comparación con el esfuerzo exigido. El ciudadano observa carreteras deterioradas, servicios tensionados y trámites cada vez más complejos pese al incremento constante de recursos públicos. Surge entonces una pregunta hurtada del debate público ¿dónde se diluye el excedente recaudatorio? La respuesta suele perderse entre partidas presupuestarias opacas y una corrupción rampante. Como máximo exponente de esta situación tenemos a Pedro Sánchez, el apóstol de la mentira, que lleva 8 años con la corrupción como factor de gobierno.

A todo ello se suma la inflación, fenómeno que actúa como impuesto silencioso. El encarecimiento de bienes esenciales reduce poder adquisitivo sin necesidad de aprobación parlamentaria explícita. Salarios que crecen pierden capacidad real de compra, mientras el Estado incrementa ingresos gracias a bases imponibles más altas. El ciudadano, sobre todo los autónomos, lleva años experimentando un empobrecimiento constante.

Finalmente, y en consonancia con todo lo anterior, emerge una obsesión  por el control del individuo. Digitalización administrativa, registros exhaustivos, trazabilidad financiera y supervisión normativa avanzan bajo argumentos de eficiencia y seguridad. Sin embargo, muchos perciben reducción progresiva del espacio privado. Cada movimiento económico deja rastro; cada actividad requiere identificación previa; cada relación contractual implica comunicación obligatoria a la administración. La confianza entre Estado y ciudadano se transforma en servidumbre.

El deterioro no aparece de forma abrupta; se instala mediante de pequeñas ineficiencias toleradas durante años, que en un momento dado acaba en pérdidas humanas. Quién haya viajado en AVE durante los últimos años lo sabe.  El peligro reside precisamente en esa normalización gradual. Cuando la ciudadanía acepta como inevitable la pérdida de calidad mientras soporta una presión fiscal extractiva, el sistema alcanza un obsceno equilibrio basado en la resignación colectiva y la impunidad política.