| El pasado 27 de abril de 2026, ACOM presentó una solicitud de acceso a información pública ante la Capitanía Marítima de Barcelona y la Dirección General de la Marina Mercante, al amparo de la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Solicitamos datos concretos y verificables sobre las inspecciones, revisiones y comprobaciones realizadas a las 38 embarcaciones que integraban la Global Sumud Flotilla, que zarpó de Barcelona el 15 de abril de 2026 con el objetivo declarado de romper el bloqueo de Gaza. Pedíamos información sobre documentación obligatoria (matrícula, abanderamiento, certificados de navegabilidad, seguros, titulación de patrones, pólizas, etc.), así como sobre cualquier autorización o control previo a la salida de aguas españolas. La respuesta, firmada por la Directora General de la Marina Mercante el pasado 11 de junio, solo facilita los nombres y matrículas de las embarcaciones. Se niega a aportar cualquier otra información relevante. Lo que el Gobierno podría haber dado y no da La resolución reconoce que se trata de información pública, admite la solicitud… y acto seguido se niega a facilitarla alegando que “no existe” porque, según su interpretación, no era obligatorio realizar inspecciones exhaustivas. Esta argumentación es endeble y está cogida con pinzas: Aunque las embarcaciones fueran menores de 500 GT y la mayoría estuvieran en Lista 7ª, eso no exime a la Administración de su responsabilidad de velar por la seguridad marítima ni de disponer de registros básicos sobre la situación documental de los buques que salen de puertos españoles. El Gobierno alega que “desconoce” el puerto base de las embarcaciones. Resulta difícil de creer tratándose de barcos con matrícula española. Esa información obra en los registros de las Capitanías Marítimas y debería poder facilitarse sin dificultad. No se aporta ningún dato sobre si se realizó algún tipo de comprobación mínima (aunque fuera documental), si se verificó la vigencia de seguros o certificados de navegabilidad, o si simplemente se permitió zarpar sin ningún control. La flotilla tuvo una extraordinaria repercusión mediática y existía la posibilidad real de que tuviera que intervenir Salvamento Marítimo con medios públicos. Ese solo hecho ya justificaba un mínimo escrutinio y la obligación de informar sobre él. ¿Qué está ocultando el Gobierno de Sánchez? La respuesta de la Dirección General de la Marina Mercante no es una resolución técnica neutral. Es una evasiva cuidadosamente construida para no tener que reconocer que, en la práctica, estas embarcaciones salieron de aguas españolas con un control administrativo mínimo o inexistente. El Ejecutivo de Pedro Sánchez parece más dispuesto a proteger a una flotilla de activistas anti-israelíes que a garantizar la transparencia sobre posibles irregularidades en materia de seguridad marítima. Prefiere escudarse en una interpretación restrictiva de la normativa antes que facilitar información que, como mínimo, debería estar en poder de la Administración. ACOM considera esta resolución insuficiente, sesgada y contraria al espíritu de la Ley de Transparencia. No vamos a aceptar como respuesta válida que “no existe información” cuando lo que realmente ocurre es que el Gobierno no quiere facilitarla. Estudiaremos las vías legales disponibles, incluida la interposición de los recursos correspondientes, para exigir que se nos facilite toda la información que legalmente corresponde y que el interés público reclama. La opacidad no es neutral. En este caso, protege a quienes organizaron una flotilla de alto perfil político y mediático que zarpó de un puerto español sin que el Gobierno quiera ahora rendir cuentas sobre cómo se gestionó. |