Europa asiste a un acontecimiento que ni la prensa sistémica ni las cancillerías de Bruselas han sabido leer con honestidad. Lo que durante décadas —desde la irrupción de Jean-Marie Le Pen y su Frente Nacional en el panorama político francés y europeo— fue descrito como un «fenómeno pasajero» de protesta se ha consolidado como la fuerza política mayoritaria en al menos dos de las naciones que vertebran el proyecto de la Unión Europea. No es ruido de fondo: es el centro de gravedad.
Alemania y Francia: el corazón franco-alemán se resquebraja
Alternativa por Alemania encabeza de forma sostenida las encuestas nacionales desde 2025, superando al bloque democristiano de Friedrich Merz. Varios sondeos recientes (Allensbach, Infratest dimap, Ipsos) sitúan a la AfD entre el 26% y el 27%, por delante de una CDU/CSU que gobierna sin margen de maniobra y de una coalición oficialista que ni siquiera alcanzaría mayoría parlamentaria si hoy se celebraran elecciones. Esto no es un capricho coyuntural: es la consecuencia de años de política migratoria abierta, desindustrialización energética y un consenso de partido único disfrazado de pluralismo.
En Francia, Agrupación Nacional ha completado su travesía del desierto y hoy es, con diferencia, la primera fuerza en intención de voto de cara a las presidenciales de abril de 2027. La incógnita ya no es si la derecha soberanista gobernará, sino quién portará su bandera: Marine Le Pen, superviviente de una condena por malversación que el Tribunal de Apelación de París redujo el pasado julio a 45 meses de inhabilitación —30 de ellos en suspenso—, lo que en la práctica reabre su camino a la candidatura; o su delfín Jordan Bardella, de solo 30 años, que encarna el relevo generacional del movimiento. Que el aparato judicial haya intentado apartar por la vía penal a la candidata mejor situada en las encuestas, en un caso que el propio tribunal resolvió invocando la «libre elección de los electores» como bien a proteger, dice más sobre el nerviosismo del sistema que sobre la culpabilidad o inocencia de Le Pen, que sigue defendiendo su inocencia y ha recurrido en casación. Gánelo ella o Bardella, el resultado estratégico es el mismo: la derecha identitaria francesa llega a 2027 como favorita.
Tres familias, una misma intuición: ECR, Patriotas por Europa y ESN
El Parlamento Europeo refleja hoy una derecha soberanista plural, no monolítica, y eso es una fortaleza, no una debilidad. Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), con Fratelli d’Italia de Giorgia Meloni como ancla, representa el ala atlantista e institucional: crítica con la UE en la forma, dispuesta a pactar con el PPE en lo puntual, cómoda en el poder ejecutivo. Patriotas por Europa, impulsado por Orbán, Le Pen y Salvini, hoy presidido por Santiago Abascal como partido europeo y por Jordan Bardella como grupo parlamentario, es el bloque más numeroso de las tres familias y el que mejor sintetiza el binomio soberanía nacional más pragmatismo de gobierno, con una relación más templada hacia Moscú que genera fricciones con sus socios del Este. Europa de Naciones Soberanas (ESN), donde se ubica la AfD tras su expulsión de Identidad y Democracia, es la más combativa en el plano identitario y la más dispuesta a romper amarras con el establishment de Bruselas sin concesiones. De forma transversal, los tres bloques incluyen la idea de remigración en sus propuestas, en mayor o menor medida según qué grupo o partido la difunda —presente con fuerza en ESN, con voces destacadas dentro de ECR como la de la francesa Marion Maréchal, y de forma más contenida en el ala de gobierno de Patriotas por Europa—, usando como elemento común de agitación la defensa de las «deportaciones masivas».
Las diferencias —política exterior, disciplina fiscal, relación con Rusia, tono retórico— son reales y no conviene minimizarlas. Pero la coincidencia de fondo es más profunda que las fracturas: las tres familias comparten el rechazo a la inmigración masiva descontrolada, la defensa de la soberanía nacional frente a la centralización de Bruselas, la crítica al Pacto Verde como ruina industrial y la voluntad de frenar una ingeniería social que consideran ajena a la voluntad de sus pueblos.
Es un archipiélago, no un bloque monolítico, pero navega en la misma dirección.
La izquierda que abandonó al trabajador
El dato más incómodo para la izquierda europea es sociológico, no ideológico: ha perdido el voto obrero en toda la Unión. Los sindicatos ya no representan mayoritariamente a un electorado que en distritos industriales de Francia, en cinturones postindustriales del Ruhr o en barrios populares de las periferias españolas e italianas vota cada vez más a opciones nacionales-conservadoras. La explicación que ofrece esta óptica es sencilla: la izquierda cambió de clientela. Sustituyó la defensa del salario, la fábrica y la frontera nacional como garantía de derechos laborales por una agenda identitaria minoritaria —cuotas, lenguaje inclusivo, activismo migratorio, culpabilización retrospectiva de la mayoría nacional— que resuena en campus universitarios y redacciones, pero no en un taller mecánico ni en una explotación agrícola. El trabajador que ve cómo la competencia salarial se agrava por la llegada masiva de mano de obra no cualificada, y que además se siente moralmente señalado por «privilegiado» desde la propia izquierda que decía representarlo, no encuentra ya una casa política en la socialdemocracia clásica. La encuentra en quien le habla de fronteras, de trabajo nacional y de orgullo de pertenencia.
Dato frente a relato
El relato dominante insiste en emparentar automáticamente a estos partidos con el fascismo o el nazismo histórico. Es un atajo cómodo, pero empíricamente insostenible: ni la AfD, ni Agrupación Nacional, ni Fratelli d’Italia, ni el resto de estas formaciones proponen abolir el sufragio universal, instaurar partido único, suprimir el mercado o emprender expansión territorial armada, elementos constitutivos del fascismo histórico. Se trata de partidos que compiten en elecciones libres, aceptan la alternancia y, cuando gobiernan —caso italiano—, lo hacen dentro del marco constitucional y de la UE.
Llamar «fascista» a todo lo que se sitúa a la derecha del consenso migratorio y del Pacto Verde no es análisis político: es una estrategia de deslegitimación que sustituye el argumento por el estigma, precisamente porque el dato electoral —encuestas, urnas, escaños— ya no acompaña al relato.

Frente a este diagnóstico, conviene decir con la misma claridad que estas afirmaciones son ampliamente disputadas: numerosos historiadores y politólogos señalan que la genealogía, la retórica sobre minorías y la relación de algunos de estos partidos y sus dirigentes con episodios de extremismo histórico sí justifican, a su juicio, la etiqueta de extrema derecha, aunque no de fascismo en sentido estricto. Igualmente, buena parte de la literatura académica atribuye el desplazamiento del voto obrero no tanto al giro identitario de la izquierda como a la desindustrialización, la desafección con los partidos tradicionales en bloque y una crisis de representación que beneficia por igual a populismos de derecha e izquierda.
Sea como fuere, es evidente que un nuevo espacio político que habla de soberanía, identidad, prioridad nacional y erradicación de la inmigración masiva, ha dejado de ser un fenómeno pasajero y parece —si nos atenemos a los hechos— que ha venido a quedarse.