Se investigará la falta de justificación del destino de fondos públicos denunciada por ACOM

El Tribunal de Cuentas ha estimado el recurso interpuesto por Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) y ha declarado firme la resolución que ordena continuar la investigación sobre el uso de subvenciones públicas concedidas por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, ante la falta de justificación del destino de dichos fondos.

En un decreto de 21 de enero de 2026, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas declara firme el Auto nº 15/2025, por el que se estima íntegramente el recurso de apelación presentado por ACOM contra el archivo acordado en enero de 2025. La resolución acuerda proponer el nombramiento de un Delegado Instructor para la práctica de las diligencias previstas en el artículo 47.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

La investigación trae causa de la denuncia presentada por ACOM el 15 de noviembre de 2024, en la que se ponía de manifiesto la irregularidad consistente en la ausencia de justificación del destino de los fondos públicos correspondientes a varias subvenciones municipales, tal y como se detalla en el fundamento jurídico quinto de la resolución ahora firme.

Desde ACOM valoramos esta decisión como un paso relevante en defensa de la legalidad, la transparencia y el correcto uso del dinero público, y como una confirmación de que las instituciones de control deben actuar cuando existen indicios fundados de irregularidades en la gestión de subvenciones.

ACOM subraya que la firmeza de la resolución obliga ahora a que se practiquen las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades contables que pudieran derivarse.

“La utilización de fondos públicos exige el máximo rigor y control. No es admisible que el dinero de los contribuyentes se conceda o gestione sin una justificación clara, verificable y conforme a la ley”, señalan desde la asociación. ACOM seguirá personada y vigilante en este procedimiento, reafirmando su compromiso con la defensa del interés general, la legalidad institucional y la rendición de cuentas, especialmente cuando se trata de administraciones públicas que manejan recursos de todos los ciudadanos.