Eva Poptcheva, funcionaria del Parlamento Europeo y exeurodiputada escribía un interesante artículo de opinión en el diario El Mundo el pasado 2 de febrero en relación a la anunciada regularización de inmigrantes en España, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Podemos.

Poptcheva es experta en Derecho de la Unión Europea. Se licenció por la Universidad Albert Ludwig de Friburgo en Alemania y es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Barcelona,​ donde también impartió clases de Derecho Constitucional entre 2009 y 2012. Nació en Bulgaria.

Comentaba Poptcheva que “en virtud de una de las libertades fundamentales consagradas en los Tratados –la libre circulación de personas sin controles fronterizos interiores en el espacio Schengen–, las fronteras españolas con terceros países son hoy fronteras europeas. Y como Estado miembro, España tiene la obligación de protegerlas frente a entradas no autorizadas”. Naturalmente, los inmigrantes ilegales en nuestro país -que algunos gustan de llamar irregulares para rebajar la gravedad de su situación- representan un incumplimiento de nuestras obligaciones con la UE.

Otra constatación básica que conviene tener presente es que los países europeos no pueden acoger a todas las personas que desean vivir en ellos y que la protección de las fronteras se ha considerado siempre indispensable para cualquier país y no resulta ninguna novedad. “No debe premiarse una infracción, la entrada irregular, con la permanencia en Europa”, dice Poptcheva que, no obstante, defiende la solicitud de asilo o protección internacional de quienes, realmente, huyen de guerras, torturas o persecuciones políticas.

Por mucho que algunos lo ignoren o lo olviden interesadamente, lo cierto es que la normativa europea no contempla la perpetuación de situaciones de irregularidad, y algo más, añade la experta europea, “la primera medida que establece [la UE] para poner fin a dicha situación no es la regularización, sino el retorno, al que configura como la regla general”, sin olvidar que “los expertos coinciden, de hecho, en que uno de los principales factores que lastran la eficacia de la política migratoria europea es que, entre quienes reciben una orden de retorno, apenas una cuarta parte abandona realmente la Unión Europea”.

Escribe Poptcheva: “La Directiva de Retorno de la UE establece el retorno de las personas sin derecho de residencia como la regla general. Primero se invita a la persona a abandonar voluntariamente el territorio; si no lo hace en el plazo fijado, se procede al retorno forzoso. La regularización se concibe únicamente como una excepción, prevista de forma individual y no colectiva o masiva. Así lo establece el artículo 6, apartado 4, de la Directiva”. Subraya también la autora que seguimos que la política migratoria es una competencia compartida entre la Unión y los estados miembros.

La exeurodiputada concluye que es injusto para quienes respetan las normas, y va en detrimento de la voluntad de Europa de atraer y retener el talento y, en última instancia, erosiona el respaldo público a unas sociedades abiertas y tolerantes la regularización masiva de inmigrantes porque, además, incentiva las llegadas ilegales y expone a las personas en situación irregular a condiciones precarias y a su explotación por parte de redes delictivas, entre otras muchas consideraciones que podrían hacerse.